Agosto fue un mes agitado en cuanto a políticas de empleo y una de las iniciativas que más polémicas ha generado es el Estatuto Joven.

¿En qué consiste? ¿En qué estado va la tramitación? y ¿cuáles son los grandes puntos que se están discutiendo? Te lo contamos aquí.

 

Estatuto Laboral para Jóvenes que se encuentren estudiando en la Educación Superior:

Conocido como Estatuto Joven, es una iniciativa que pretende que los estudiantes de educación superior puedan compatibilizar estudio y trabajo, de mejor manera “creando un nuevo contrato especial que tiene por objeto establecer una regulación acorde a las necesidades de los estudiantes que quieran compatibilizar sus responsabilidades académicas con una actividad laboral”. (MENSAJE Nº 051-361)

Para ello se establece un “contrato de trabajo con jornada reducida, con la posibilidad de discontinuarla durante el día para adaptarse a los horarios de clases. Las remuneraciones obtenidas en virtud de este contrato no se considerarán para efectos de determinar la condición socioeconómica del estudiante o su grupo familiar, para poder acceder a diversos mecanismos que tienen por objeto financiar los estudios en una institución de educación superior o los gastos asociados a ellos”. (MENSAJE Nº 051-361)

Por estudiante trabajador se entiende “Toda persona que tenga entre 18 y 28 años de edad inclusive, quedando exceptuados del rango superior aquellos estudiantes con discapacidad de acuerdo a la ley N° 21.015, que se encuentre cursando estudios regulares o en vías de titulación, en alguna institución de educación superior universitaria o técnica reconocida por el Estado o en entidades ejecutoras de programas de nivelación de estudios” Oficio Nº 14.078

El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente se tramita en el Senado. El día 21 de agosto fue ingresada la Suma Urgencia, por tanto en un rango no mayor a 15 días desde que la Urgencia fue presentada, debe estar resuelto.

Ahora ¿Cuáles son las características de este contrato, que por un lado se defiende como una mejor calidad del empleo y por otro se critica como una forma de precarización laboral?

En cuanto a la jornada, el contrato no puede exceder 30 horas semanales, ni distribuirse en más de 6 días seguidos. La distribución durante el día puede ser continua o discontinua, pero sin exceder las 12 horas entre que comienza y termina la jornada. En caso de pruebas o exámenes, se establece que “el estudiante trabajador tendrá derecho a un permiso sin goce de remuneración con ocasión de rendir sus exámenes académicos”.

¿Dónde está el problema respecto a las jornadas?

Estos se generan en los puntos d y f del Artículo 152 Quáter D en que se establece que:

No se podrán pactar horas extraordinarias

Se podrá convenir con el empleador quedar exceptuados del descanso en días domingos y festivos.

Estos dos aspectos han sido cuestionados desde diversos sectores. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió en abril que el hecho de no contemplar pago de horas extraordinarias y la alta flexibilidad de la jornada, podía terminar derivando en la sustitución de empleos de carácter permanente. Misma inquietud de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes han señalado el riesgo de que los jóvenes, bajo este tipo de contrato, se conviertan en una alternativa más atractiva para los empleadores porque les permite abaratar costos en contrataciones.

Desde el Gobierno han salido a despejar algunas dudas, como que efectivamente el empleador estará obligado al pago de cotizaciones previsionales y seguro de cesantía y en el caso del pago de las cotizaciones de salud, el estudiante podrá decidir si quiere seguir siendo carga de sus padres o si el empleador será el responsable de tal obligación.

¿Qué piensan los protagonistas y en teoría principales beneficiarios de este Estatuto?

Desde la Confech y otros grupos juveniles, las voces se han elevado con fuerza contra el proyecto.  Principalmente no consideran necesario crear un nuevo tipo de contrato, defendiendo la idea de que basta con mantener la figura del trabajador a tiempo parcial y reconocer ciertos derechos que beneficien y protejan a los estudiantes. La creación de este tipo de contrato, según ellos, sólo terminaría beneficiando a los empresarios que buscasen abaratar costos.

Además recalcan que el Estatuto poco podrá aportar para disminuir la informalidad, siendo esta, generalmente, una imposición de quien emplea, por lo que el nuevo contrato, sólo sería aplicado por aquellas empresas con relaciones formalizadas, como el Retail”.

Quisiéramos destacar este último punto ya que efectivamente la informalidad es difícilmente una elección del trabajador, viéndose este último impulsado a aceptar condiciones de precariedad ante la urgente necesidad de trabajar. Por tanto, difícilmente el Estatuto se hará cargo de la informalidad laboral entre los jóvenes, ya que en la actualidad, con o sin Estatuto, la informalidad está sancionada para quienes incumplan la ley y a menos que se generen planes efectivos de fiscalización para controlarla, poco podrá cambiar esta realidad. Como Fundación llamamos a analizar el tema, considerando que las políticas de empleo, sin duda, tendrían que apuntar a asegurar trabajo protegido y mejores salarios, para salir del estancamiento en temas de distribución de ingreso en que se encuentra el país.

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